El relato mediático del caso de Mari Carmen oculta una realidad innegable: su desahucio fue la estricta aplicación de la ley, no el capricho de un fondo buitre. Sin embargo, el verdadero problema no está en los juzgados, sino en la inflación y la deuda pública que devoran el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Mientras el sistema enfrenta a propietarios e inquilinos, la élite política y monetaria elude toda responsabilidad penal por su despilfarro. Exigir que la propiedad privada asuma el fracaso del Estado es avalar una expropiación silenciosa que, sumada a la inminente llegada del Euro Digital, amenaza directamente nuestra libertad y patrimonio.