Vivienda, Dignidad y Libertad — Derecho y Moral

Propiedad, poder financiero y garantías constitucionales de la sociedad civil

Una vivienda tiene precio, pero también representa años de trabajo, vínculos familiares y un proyecto de vida. Su pérdida puede trascender ampliamente el perjuicio patrimonial.

En HALDER & SHERAN defendemos la propiedad privada y la libertad de empresa, pero también su necesaria convivencia con la función social de la vivienda y la dignidad humana. La desigualdad de recursos económicos nunca debería determinar la efectividad de los derechos.

1. La dignidad como fundamento constitucional

El artículo 10.1 de la Constitución sitúa la dignidad humana, los derechos inviolables y el libre desarrollo de la personalidad entre los fundamentos del orden político y la paz social.

Esta protección debe interpretarse sistemáticamente con los artículos 18, 39 y 47 —intimidad, familia y vivienda digna—, así como con los artículos 33 y 38, relativos a la propiedad privada y la libertad de empresa.

La dignidad posee una función vertebradora del orden constitucional, sin establecer por ello una jerarquía automática entre derechos. Su eficacia debe respetar el régimen diferenciado de garantías del artículo 53.

El artículo 47 no extingue deudas ni impide por sí mismo las ejecuciones hipotecarias, pero expresa un mandato constitucional cuya efectividad corresponde desarrollar a los poderes públicos.

La alegoría de España abrazando la Constitución, representada en el frontón del Congreso por Ponciano Ponzano, evoca una idea esencial: la libertad necesita garantías jurídicas que la hagan efectiva frente al poder.

2. Propiedad privada y función social

El artículo 33.2 CE incorpora la función social al contenido del derecho de propiedad. Su ejercicio admite límites legalmente establecidos, proporcionados y respetuosos con las garantías constitucionales.

No pueden equipararse indiscriminadamente una vivienda habitual, una promoción de alquiler asequible o una cartera inmobiliaria desocupada. Cada realidad requiere una respuesta jurídica específica.

Tampoco corresponde al pequeño propietario soportar individualmente las insuficiencias de la política pública de vivienda.

3. Poder financiero, crédito y responsabilidad

La banca desempeña una función determinante en el acceso a la vivienda mediante la financiación hipotecaria.

Debe distinguirse el dinero de banco central del dinero bancario comercial, creado, entre otras operaciones, mediante la concesión de crédito y sujeto a exigencias regulatorias, financieras y prudenciales. El artículo 128 TFUE reserva al BCE la autorización de emisión de billetes en euros.

El problema jurídico no reside en la legítima actividad crediticia, sino en los posibles desequilibrios derivados de la concentración del poder de financiación, administración de deudas y recuperación de activos inmobiliarios.

Especialmente relevante resulta una asimetría fundamental: una operación financiera puede formalizarse en instantes, mientras una familia puede necesitar décadas de trabajo para satisfacerla.

La deuda se expresa en dinero; su cumplimiento consume tiempo de vida. Esta realidad exige transparencia, responsabilidad y garantías efectivas.

4. La vivienda no puede reducirse a un activo financiero

La vivienda constituye un bien patrimonial, pero también el espacio donde se desarrollan la intimidad, la autonomía personal y la vida familiar.

Su consideración contable como activo no elimina esa dimensión humana ni su función social.

La legítima búsqueda de rentabilidad debe permanecer sometida al Derecho, especialmente cuando intervienen estructuras financieras con capacidad para adquirir créditos, gestionar impagos y ejecutar garantías.

La concentración de esas funciones requiere transparencia, control de conflictos de intereses y supervisión efectiva.

El Derecho debe impedir que la desigualdad económica se transforme en indefensión procesal.

5. Inflación, dinero público y responsabilidad institucional

La inflación erosiona el poder adquisitivo y dificulta el cumplimiento de obligaciones hipotecarias cuando los ingresos no evolucionan al ritmo de los precios.

No constituye jurídicamente un impuesto ni puede atribuirse automáticamente a la corrupción o al endeudamiento público. En su evolución intervienen factores monetarios, energéticos, productivos y comerciales.

La gestión del dinero público exige justificación, transparencia y rendición de cuentas.

Frente a conductas constitutivas de corrupción, apropiación indebida de fondos o falsedad, deben operar los mecanismos de responsabilidad penal, recuperación patrimonial e inhabilitación legalmente procedentes.

Sin embargo, una política equivocada no constituye por sí misma delito. La exigencia de responsabilidad debe respetar siempre la legalidad penal, la culpabilidad, la proporcionalidad y las garantías procesales.

6. Ejecuciones hipotecarias y tutela judicial efectiva

La ejecución hipotecaria constituye uno de los ámbitos donde las garantías constitucionales adquieren especial trascendencia, por sus posibles consecuencias sobre la vivienda habitual.

El acreedor tiene derecho a reclamar las cantidades jurídicamente exigibles. El deudor, a cuestionar mediante los cauces legales el contrato, la liquidación, las cláusulas abusivas y la regularidad del procedimiento.

La Ley 5/2019 refuerza las exigencias de evaluación de solvencia del prestatario y establece límites a su fundamentación predominante en el valor de la garantía.

La sentencia Aziz del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013 (C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164), evidenció la insuficiencia de una protección judicial que no pudiera impedir, cuando resultase necesario, los efectos de una ejecución antes de resolverse el control de cláusulas abusivas.

Ello no implica la suspensión automática de cualquier ejecución, sino la necesidad de asegurar remedios procesales verdaderamente efectivos.

La defensa hipotecaria exige examinar rigurosamente la exigibilidad de la deuda, la prueba, la motivación judicial, la contradicción y las garantías procesales aplicables.

7. Diez medidas para recuperar el equilibrio del mercado de vivienda

La protección constitucional de la vivienda requiere también políticas públicas eficaces y jurídicamente proporcionadas.

1. Incrementar la oferta residencial: agilizar suelo, licencias y rehabilitación donde exista demanda acreditada.
2. Consolidar vivienda asequible: ampliar el parque público y protegido, garantizando transparencia y permanencia de su finalidad social.
3. Impulsar la innovación constructiva: estudiar ampliaciones verticales, reconversión de oficinas y viviendas prefabricadas sostenibles, respetando la normativa urbanística.
4. Prevenir concentraciones perjudiciales: identificar estructuras de propiedad y corregir prácticas que distorsionen los mercados locales, sin penalizar indiscriminadamente la inversión productiva.
5. Ordenar el alquiler turístico: establecer controles proporcionados a su impacto residencial.
6. Movilizar vivienda institucional: promover acuerdos transparentes con entidades financieras, Sareb y otros titulares relevantes para facilitar alquiler asequible.
7. Fomentar crédito responsable: mejorar el acceso a financiación sostenible, con información clara y prevención del sobreendeudamiento.
8. Intervenir antes del impago irreversible: facilitar negociación, reestructuración viable, asesoramiento jurídico y asistencia social.
9. Garantizar igualdad y legalidad: exigir transparencia a inversores nacionales y extranjeros, respetando las libertades del Derecho de la Unión Europea, incluida la doctrina Libert (C-197/11 y C-203/11).
10. Exigir retorno social verificable: vincular los incentivos públicos a resultados acreditables en vivienda, empleo, sostenibilidad y cumplimiento normativo.

Toda intervención debe respetar la reserva de ley, la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva.

8. El compromiso de HALDER & SHERAN

En HALDER & SHERAN concebimos la abogacía como un instrumento independiente de defensa de la sociedad civil, especialmente cuando existe una profunda desigualdad de recursos frente a entidades financieras, grandes corporaciones o poderes públicos.

Nuestra actuación se fundamenta en una Teoría del Derecho de orientación garantista, que sitúa la dignidad humana, la libertad, la supremacía constitucional y la eficacia de los derechos fundamentales como criterios esenciales de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.

Defendemos una tutela judicial efectiva sustentada en la prueba rigurosa, la contradicción, la igualdad de armas y la motivación judicial suficiente, congruente y racionalmente verificable.

Todo ello desde el pleno respeto a la independencia judicial, la separación de poderes y la interdicción de la arbitrariedad.

En los procedimientos hipotecarios, nuestra responsabilidad consiste en articular defensas técnicamente fundadas que aseguren el control jurídico de las pretensiones del acreedor y la efectividad de los derechos del deudor.

Ese es nuestro compromiso con la sociedad civil española y europea: contribuir a que las garantías constitucionales sean reales precisamente donde la desigualdad de medios amenaza con vaciarlas de contenido.